NUESTRA BASE:

DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD

Desde paradigmas fundados en criterios médicos y legales se ha considerado a las personas ó individuos discapacitados intelectuales con nociones que constituían una forma de discriminación positiva, al remarcar el carácter de “anomalía” existente. Conceptos como “rehabilitación”, “internación”, “deficiencia”, son propias de modelos interpretativos que caracterizaron los abordajes de la cuestión de la discapacidad desde una mirada que se posaba sobre un “objeto” a ser estudiado.

Primó mucho tiempo el criterio organicista, luego el caritativo-religioso ,el pedagógico, el legal y siempre el del olvido económico (riguroso exilio de los presupuestos aprobados en legislaturas cuyos actores luego recurrían a “verdaderas sobras de impuestos ó impuestos a los cheques rechazados por falta de fondos” un verdadero lapsus lacaniano ó freudiano según cómo se lo analice) para solventar a medias educación, tratamientos, techo, contención, rehabilitación y medicamentos a las ciudadanas y ciudadanos discapacitados. De trabajo inclusivo, decente y saludable, ni hablar.

En la actualidad, mucho se ha avanzado en los campos disciplinares y legales frente a la realidad de la discapacidad a nivel mundial ( la globalización permite hoy tener información científica, de experiencias y legales de lo que se hace en todo el mundo al instante) , y en Argentina como lo atestiguan las normativas existentes, por ejemplo en el plano nacional la Constitución de la República Argentina en el inciso 23 del artículo 75 expresa:

"Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.(...)".

En el plano internacional el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 48º período de sesiones, mediante resolución 48/96 aprobó las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Dichas normas sostienen los siguientes requisitos para la igualdad de participación: mayor toma de conciencia, atención, médica, rehabilitación, servicios de apoyo. Asimismo, las esferas previstas para la igualdad de participación son: posibilidades de acceso, educación, empleo, seguridad social, vida en familia e integridad, cultura, actividades recreativas y deportivas.

Otro dato significativo es que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en diciembre de 2006, la Convención sobre derechos de las personas con discapacidades, con el objetivo de mejorar el trato que recibe alrededor del 10% de la población del mundo. Lo que significa en pocas palabras, que tanto los Estados como las Instituciones tienen la obligación de promover la efectivización de esos derechos.

Este contexto normativo existente choca lamentablemente con la realidad concreta, como lo denuncia la Carta Abierta sobre Ciudadanía y Derecho a la Integración de las Personas con discapacidad” “a pesar de los avances normativos, fruto de la legislación específica, los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención Americana sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad (ley 25.280) y del texto dede la Constitución Nacional reformada en 1994, se invisibiliza, discrimina y excluye a las personas con discapacidad, en lo social, político, laboral, económico y cultural.

El reconocimiento efectivo de derechos requiere un cambio de actitudes tanto en los niveles gubernamentales y dirigenciales, como en el conjunto de la comunidad nacional” , significativo en la medida en que permite desde la noción de discapacidad como “problemática social” hasta lo que consideramos una mirada integradora y global del tema, el abordaje desde los Derechos Humanos.

Estos abordajes suponen preparar a la persona para el pleno desarrollo de sus potencialidades asumiendo la realidad de su condición, integrándose en la sociedad para actuar y transformar creativamente la misma.

El principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se presenta como el eje filosófico y práctico del abordaje en la labor terapéutica llevada adelante por la Fundación, que promueva la plena integración de las personas con discapacidad mental en la sociedad. Desde esta perspectiva la vida familiar y social, la vivienda digna, al trabajo decente y sano, los beneficios del bienestar como cualquier otro individuo argentino son temas vinculados a los derechos de los discapacitados, que deben ser abordados y analizados con una vision a largo plazo de las políticas públicas.

Para ello, es necesario el trabajo fecundo entre el Tercer Sector y el Estado en consolidar estrechos vínculos de solidaridad y compromiso. Concertar, sumar, convenir, articular trabajos y políticas hacia niñas, niños y familias de discapacitados intelectuales es lo que impone el nuevo escenario cordobés 2008; es decir “hacer sumando” experiencias en tratamientos, manejo de situaciones judiciales, en contención, en atenciones terapéuticas en domicilios y en terreno, con políticas activas - económicamente hablando- entre /con Estado Provincial y nuestra Fundación.

Esta articulación también es necesaria en la medida que nos encontramos frente a un colectivo social que expresa sus demandas de diversas maneras, haciendo de la realidad de las personas discapacitadas un reclamo muchas veces canalizado en los medios de comunicación, mas que en los organismos e instituciones pertinentes, por las falencias de estas últimas para dar respuesta a la problemática. Frente a esta realidad, El Estado Provincial debe otorgar a las personas con algún tipo de discapacidad la posibilidad real y efectiva de participar en igualdad de condiciones con las demás personas que no tienen tal incapacidad. De lo contrario, el principio de igualdad, se convertiría en una mera enunciación formal, carente de todo contenido real. Un discurso más.


Consideramos como prioritarios la discusión y trabajo en torno a estos temas:

- Servicios de prevención, salud, habilitación y rehabilitación para personas que su discapacidad les resulte un obstáculo en la continuidad o integración educativa, laboral o social.
- Desarrollo Integral de la Familia , acuerdos de cooperación e información sobre generación de empleo, capacitación permanente y financiamiento para las personas con discapacidad.
- La educación que contribuya al desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente las capacidades, habilidades y aptitudes, de las personas con discapacidad.

El interrogante, entonces, es si algún día la contemplación será posible y si el sueño de poder transitar las calles y de hacer uso de los espacios públicos dejará de ser una utopía para todos aquellos que tienen capacidades diferentes al resto de la sociedad.

Retomando las declaraciones de Molero en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Personas con Discapacidad,

“Decimos que las personas con discapacidad puedan crecer, recibir un tratamiento acorde con su necesidad, educarse, trasladarse, participar en las actividades de su entorno, poder tener una familia y trabajar, en suma realizar y participar de todas aquellas actividades que las dignifiquen como personas"

Tener una vivienda digna y un trabajo decente y saludable.

 

TEXTO FUNDACIONAL
FUNDACIÓN LORENZO MILANI